La situación actual de la sociedad está representada por diversas transformaciones sociales y económicas, además de cambios en las estructuras, las problemáticas derivadas del capitalismo, las sucesiones en las reformas políticas y, particularmente, las transformaciones que ha experimentado la familia.

El contexto anterior demanda respuestas sociales eficaces y eficientes que logren el bienestar de las personas, grupos y comunidades, basadas en estrategias y técnicas específicas que logren modelos óptimos y exitosos.

La intervención social se puede definir como aquella actividad consiente, organizada, planificada y dirigida que actúa sobre diversos aspectos de la realidad para estudiarla, analizarla, modificarla y transformarla, con el propósito de una mejora y un cambio social (Fernández, De Lorenzo y Vázquez, 2012). Las acciones que se realizan dentro del proceso de intervención social tienen un componente teórico derivado de las ciencias sociales y de las teorías propias del trabajo social y uno práctico que involucra el método científico con técnicas específicas para la resolución de problemas en contextos particulares.

El objeto principal del trabajador social en los problemas y situaciones que involucran el conflicto, es ayudar a facilitar los procesos de negociación para encontrar soluciones a problemas específicos, de las muchas y variadas situaciones que requieren de la intervención social; su atención requiere un abordaje contextual basado en el individuo del grupo o la comunidad, la práctica del trabajo social se expresa en intervenciones centradas en necesidades sociales relacionadas al género, la educación, marginación, pobreza, exclusión y diversos escenarios de vulnerabilidad.

Sobre esta idea, es importante señalar que los procesos de cambio social en el sistema jurídico, también se han acelerado, debido a la percepción que impera en la población mexicana que gira en torno a un sentimiento de desconfianza y falta de credibilidad en el sistema de administración de justicia (Aguilera, 2009), el cual es retardado, formalista y, en algunos casos, propicia la impunidad (Díaz, 2016:48).

Esta situación ha llamado a atención, tanto de los estudiosos del derecho como de las autoridades, que han sumado esfuerzos para encontrar estrategias efectivas que logren el descargo de los tribunales y, a su vez, garanticen la impartición efectiva de justicia a la hora de solucionar controversias de una manera eficaz y expedita (Escalera y Amador, 2020).

Bajo este contexto, es que la justicia alternativa se incorpora en el marco normativo, siendo la mediación y la gestión de conflictos, actividades a las que se recurre cuando se requieren soluciones alternas al litigio.

Actualmente, estos procedimientos se han convertido en un recurso sumamente importante en los juzgados mexicanos. Sin embargo, la práctica internacional de los Métodos de Solución de Conflictos (MSC) datan de tiempo antes. Su origen, suele atribuirse a culturas indígenas australianas y neozelandesas (Valero et al., 2014). No obstante, la teoría de la justicia alternativa apareció en textos legales a partir de experimentos de casos en varias comunidades menonitas en la década de los 70. Así, buscando aplicar su fe y su perspectiva de paz al «mundo real» de la justicia penal, menonitas y otros practicantes en Ontario, Canadá -y más tarde en Indiana, Estados Unidos- experimentaron con pruebas piloto los encuentros entre delincuentes y víctimas, convirtiéndose en modelos para programas en todo el mundo (Zehr, 2002:3).

Los MSC son procedimientos distintos a la justicia retributiva que permiten a las partes en disputa abordar y solucionar controversias de manera voluntaria y colaborativa, con apoyo de un tercero neutral y son aplicables solo en los asuntos que sean susceptibles de convenio, que no alteren el orden público, no contravengan alguna disposición legal expresa o no afecten derechos de terceros.

No obstante, el parte aguas que los MSC representaron para el marco normativo, la gestión de los conflictos no es una actividad exclusiva del derecho, y han estado presentes en otras disciplinas que, de igual forma, buscan que el ciudadano gestione sus propios conflictos de forma integral, contribuyendo a su desarrollo personal.

Ejemplo de esto, lo encontramos en el trabajo social cuyos profesionales realizaban la mediación, incluso antes de ser conscientes de ello (Tristante, 2016). Ubicamos como una de las pioneras de esta práctica a Mary Richmond (1922), donde su case work, era llevado a cabo con el propósito de que, tanto el usuario como su familia, resolviesen sus conflictos entre sí (Tristante, 2016). Sin embargo, la mediación formal en el trabajo social se empezó a utilizar en el contexto familiar en la década de los 70 (Parsons, 1991), consolidándose en los 80 como una práctica profesional de los trabajadores sociales (Rondón y Aleman-Bracho, 2011:24). A pesar de esto, los procedimientos de MSC se convirtieron en una práctica utilizada principalmente en el sistema jurídico.

El conflicto y el trabajo social están íntimamente relacionados, desde una perspectiva macrosocial, como los conflictos derivados de injusticias sociales o estructurales, así como desde una perspectiva microsocial con los conflictos que puedan presentársele al usuario por la interacción entre las personas. Por esto, es lógico considerar que existe una vinculación directa entre el trabajo social y los MSC, en el sentido de que los trabajadores sociales son asociados regultarmente con el papel de terceros imparciales en casi todos los aspectos de la práctica del trabajo social (Parsons, 1991:482; Mayer, 2013:419).

Otra característica común entre los métodos de solución de conflictos y el trabajo social son sus principios. Específicamente la teoría de la mediación. Por ejemplo, se señala la flexibilidad, el empoderamiento de las partes, confidencialidad, voluntariedad de las partes, equidad y la imparcialidad como principios rectores del procedimiento formal (Gorjón y Steele, 2009), siendo éstos los mismos principios éticos que rigen la intervención del trabajador social (Mendoza y Cabello, 2013).

Por su parte, Kurk (1997) y Parsons (1991) hacen hincapié en que la mediación se ha utilizado en contextos que durante mucho tiempo fueron exclusivos del trabajo social. Por ejemplo, en ámbitos relacionados con conflictos familiares como el acuerdo de un divorcio sobre convivencias, custodias o pensiones alimenticias, o en el caso de los conflictos comunitarios, en los ámbitos laborales, educativos, las políticas sociales o en el sector salud.

Para Mayer (2000: 312) existen servicios que son propios del trabajador social relacionados con los servicios de mediación, como la prevención, la reconciliación, la toma de decisiones, la asistencia en materia de procedimientos y asistencia sustantiva. Para Munuera (2912), por su formación y perfil profesional, son los trabajadores sociales quienes tienen por excelencia las competencias necesarias para ejercer como facilitadores de resolución de conflictos.

Por estas razones, resulta fácil pensar que existe ya una práctica en torno al uso de la mediación desde el trabajo social. Sin embargo, al realizar esta revisión se constató que son pocas las investigaciones empíricas al respecto.

En palabras de Kelly (2014) parece que el trabajador social ha permitido que las disciplinas como el derecho, tengan el monopolio de la práctica en resolución de conflictos. Esto a pesar de que profesiones como la abogacía no cuenta con la formación para brindar una solución que pueda satisfacer de manera integral a las partes en conflicto.

En este marco, de una práctica del trabajo social que ha buscado intervenir en problemáticas vinculadas con procesos conflictivos que involucran a la familia, empresas, el sector educativo, penales, entre otros, pero que, todavía requiere una sistematización, un grupo de docentes de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la UANL, con el interés de buscar la consolidación de la investigación académica en intervención social y mediación, ha considerado pertinente agruparse e iniciar un trabajo conjunto a través de un observatorio social, en dónde se concentre información y se realice investigación acerca de esta tendencia innovadora.